ANA GIL ARIAS | Fotografía: Pixabay
La nueva ley anti-slapp tendrá como objetivo principal frenar la intimidación que los periodistas pueden llegar a sufrir a través de demandas infundadas.
La nueva ley promovida por la Unión Europea pretende proponer una serie de medias que protejan a los periodistas de cualquier acto humillante contra ellos. Esta nueva norma se centrará en proteger en especial a todos aquellos que se atrevan a denunciar la corrupción y demás irregularidades políticas y económicas.
El pasado día 28 de abril la Unión Europea anunció la propuesta de una serie de medidas destinadas a la protección de las periodistas. Estas estarían encaminadas a frenar el slapp, una de las técnicas principales que utilizan aquellos que quieren extorsionar a los periodistas.
La técnica del slapp funciona de la siguiente manera: un magnate, gran empresario o cualquier persona o empresa de cierta reputación ve amenazada su posición por las investigaciones de un periodista. Este ha descubierto algún tipo de corrupción o irregularidad en la actividad de la empresa o magnate y amenaza con destaparlo todo. Entonces, la solución que decide tomar la persona o empresa afectada es humillar o vejar al periodista mediante demandas infundadas.
El slapp está pensado para que cualquier periodista que pueda destapar algún caso de corrupción se asuste y deje de investigar por miedo a lo que pueda ocurrir si continúa con su trabajo.
Sin embargo, estas medidas no serían exclusivas para los periodistas. Las organizaciones no gubernamentales también se verían protegidas. De hecho, la propia Unión Europea afirma que los periodistas que trabajen en su ONG pueden apelar a los tribunales si sufren algún tipo de acoso o denuncia infundada.
Con estas medidas se pretende frenar el fenómeno del fórum shopping. Este consiste en la posibilidad de un demandante de acogerse a las leyes de un país que puedan emitir una sentencia más favorable para él. Es decir, que puede escoger el país en el que quiere ser juzgado para conseguir la menor condena posible.
Es por este motivo que se ha llegado a la conclusión de que los estados miembros pueden negarse a acatar sentencias provenientes de países no pertenecientes a la UE.
Asimismo, la Comisión Europea ruega a los estados miembros a tomar medidas contra este tipo de actividades para frenar esta situación. Su objetivo es conseguir que, en caso de que la demanda sea infundada, los demandantes se hagan cargo de sus daños y los demandados puedan reclamar daños.
