¡Prensa, no disparen!

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SOFÍA CASASOLA HERNÁNDEZ  |  Fotografía: Pexels

Un último grito desesperado que de poco sirve en México, uno de los países más peligrosos para ser periodista.

Una semana después del 3 de mayo, fecha en el que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, morían en México 3 periodistas: Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García. Elevando a 11 el número de periodistas asesinados en el país en 2022.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), México es el segundo país menos seguro para ejercer el periodismo del mundo, después de Myanmar. País gobernado por una junta militar desde hace más de un año, a través de un golpe de estado que derrocó al gobierno de Win Myint el 1 de febrero de 2021.

En México no se libra una guerra convencional como en Ucrania, Palestina o Yemen, lo cual no quiere decir que no exista un conflicto. Existe, pero es una guerra contra el narco que, en algunos estados mexicanos ejerce como la autoridad. Según el Índice de Democracia Global, México es un régimen híbrido. Es decir, está a medio camino entre un régimen autoritario y una democracia.

El 5 de mayo era asesinado Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, cuna del narcotráfico en México. Su cuerpo fue encontrado cubierto en plástico. Tan solo 4 días después, Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, dos periodistas de Veracruz, sufrieron el mismo destino que Ramírez. Dos hombres subidos en una moto las acribillaron estando ellas dentro de un coche. Ya habían recibido amenazas por publicar sobre las relaciones de la policía local con el crimen organizado.

‘Frente a sus balas, nuestras palabras’, ‘No se mata la verdad matando al periodista’ o ‘Vivos se los llevaron, vivos los queremos’, son algunas de las consignas que se pueden escuchar cada vez que tiene lugar el asesinato de un periodista. Reavivan la llama de furia e indignación que producen estos homicidios impunes, a los que el propio gobierno de la nación les quita importancia, clasificándolos de ataques políticos de sus adversarios. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solo ha logrado un 2% de condenas.

La constitución de 1917 define la forma de gobierno de los Estados Unidos Mexicanos como una ‘república representativa popular federal’ y en su artículo 7º dice:

‘Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto de la vida privada, a la moral y a la paz pública.’

Sin embargo, este es un derecho pisoteado de forma reiterada, dado los altos números de agresiones, amenazas y asesinatos que sufren los profesionales de la información. La corrupción en los mandatarios locales, municipales, el crimen organizado y la vista gorda que hacen las autoridades. En algunos estados mexicanos no se puede publicar nada sin el visto bueno de los jefes del narcotráfico o empresarios.

La violencia contra los periodistas no termina con su asesinato sino que después de muertos, se les desacredita para terminar se hundir su trabajo y su prestigio. Este es el caso de Moisés Sánchez, cuya desaparición y asesinato se narran en el documental ‘No se mata la verdad’ (2018).

El periodista asesinado en 2017, Javier Valdés, denunció está situación en 2011, cuando le entregaron el Premio Internacional de Libertad de Prensa del CPJ (Comité para la Protección de los Periodistas): ‘Esta es una guerra, sí, por el control del narco, pero nosotros los ciudadanos ponemos los muertos y los gobiernos de México y Estados Unidos las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias’.

Hacer un periodismo crítico y de denuncia en México, supone ponerse una diana en la cabeza. Ser un objetivo y estar en peligro por informar, ha llevado a muchos periodistas a autocensurarse. Otros optan por refugiarse en países vecinos o unirse al programa de acogida de periodistas latinoamericanos que ofrece RSF, que brinda de forma temporal refugio en España.

Un periodismo silenciado que no silencioso. Los periodistas mexicanos se juegan la vida para seguir siendo una fuente de información veraz.

El origen de la guerra contra las drogas empezó en la década de 1970, durante la presidencia de Richard Nixon en EE.UU. Pero la precaria situación que vive la ciudadanía y los periodistas mexicanos actualmente empezó en 2006. Tras años de neutralidad, durante los años 90 y principios de los 2000, contra el narcotráfico.

El 10 de diciembre de 2006, poco después de la toma de poder como presidente, Felipe Calderón Hinojosa emprendía una guerra contra el narco. Los efectos fueron completamente opuestos a lo esperado por el gobierno. Desde 2006 se han incrementado un 4000% el número de desapariciones. Según la Secretaría de Gobernación (Segob) se estima que el número de desaparecidos desde 1964 sea de 100.000. Un país de fosas clandestinas.

Crímenes que quedan sin resolver y gobiernos de diferentes signos que prometen cambio y justicia, pero que al igual que sus predecesores, sus palabras se quedan solo en promesas electorales. Un desafío para la libertad de prensa en un país cuyos gobernantes se jactan de ser una democracia liberal.