MARÍA ROMERO JIMÉNEZ | Fotografía: Mayela de Castro  |

Según el artículo 24.2 de la Constitución Española, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Es por eso que los medios de comunicación deben preservar esta jurisprudencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero, ¿dónde se encuentra la barrera entre el derecho a la intimidad y la libertad de informar?

La polémica aparece cuando los medios de comunicación pixelan en sus imágenes el rostro de aquellas personas imputadas por delito. La respuesta social es de enfado hacia dicho tratamiento mediático. Al rechazo ante estos actos y sus autores hay que añadir la preocupación por la seguridad y el deseo de saber. En otras palabras, se podría decir, que la opinión pública oscila entre la necesidad de estar informados y la importancia de preservar la intimidad y dignidad de las víctimas.

Sin embargo, este muro es infranqueable. La intimidad personal y familiar constituye un derecho fundamental que los periodistas deben cumplir. Para ello, deben evitar presentar al detenido como culpable del delito, si aún no tiene condena. Y es que, si los medios informativos exhibieran los rasgos de los acusados, podrían entorpecer la investigación del proceso judicial. Así como el acceso a la justicia, la protección de las víctimas, la presunción de inocencia y la reparación del daño y condenas.

En programas de televisión tales como “Equipo de investigación” o “En tierra hostil” se puede apreciar cómo, en algunos casos, los medios difuminan a las víctimas. Y en otros, a los agresores con la finalidad de que sus rostros permanezcan en el anonimato.

Los menores están especialmente protegidos

La protección de datos de las personas físicas es un derecho constitucional, usado para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Este aspecto, además de limitar la información que se puede difundir respecto personas condenadas por sentencia firme. También funciona como medida de protección sobre los menores de edad.

La utilización de sus imágenes o nombres sin el correspondiente permiso, así como la difusión de información en los medios de comunicación involucran una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad, honor o reputación y requiere de la intervención del Ministerio Fiscal. Este toma de inmediato las medidas de prevención y de protección de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Además, se solicitará las correspondientes indemnizaciones por los daños causados.

El derecho a la información puede preservarse con la adopción de medidas, tales como no incluir el nombre ni la imagen del menor, o distorsionar el rostro de modo que sea imposible su identificación.