ÁLVARO PÉREZ FERNÁNDEZ  |  Fotografía: Marina Lajo  |

La corrupción es un tema que, por desgracia, está muy presente en la sociedad. Además, estos tiempos de crisis y pandemia global han traído consigo un aumento de dicho índice. Por ello, la mayor parte de los países adoptan medidas para evitarla, ya que es el único modo posible para lograr una mejor recuperación. El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional en su contra.

Muchas instituciones fomentan su cooperación para conseguir reducir los riesgos de ésta perversión y mejorar así la administración, acarreada por la pandemia. Para ello, es necesaria la participación de organismos anticorrupción sólidos y de adquisiciones públicas más abiertas y transparentes. Además de un cumplimiento más exhaustivo de las normas anticorrupción, sobre todo, en el sector privado.

Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, pretende aunar la lucha de sus marcos nacionales. De igual manera, pretende prestar el apoyo y la protección necesaria para aquellos países cuyos periodistas e informantes denuncien esta situación.

Son muchos los cargos y empleos existentes caracterizados por ejercer ciertas actividades ilegales. A partir de su poder, se aprovechan y toman ventaja con el fin de lucrarse. No obstante, los medios de comunicación muestran su ayuda por frenar esta práctica al hacer públicas a las empresas o personas que lo llevan a cabo.

El periódico boliviano ‘Los Tiempos‘ ha reflejado en distintas ocasiones este tipo de sucesos. Un ejemplo de ello fue su crítica hacia el uso y abuso de los aviones oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) con el fin de llevar a amigos, familiares y funcionarios públicos a eventos como cumpleaños o realizar entregas exprés de un supuesto material necesario para combatir el contagio del COVID-19. Dentro del artículo, especifican como aclaración que quizás valga más el viaje que todo el material entregado.

Otro caso que sacó a la luz esta misma revista digital fue el de los viajeros de origen boliviano que llegaron procedentes de Estados Unidos. Estos pasajeros tuvieron que hospedarse durante su cuarentena en un hotel de cinco estrellas cuyos precios eran desorbitados.

La aerolínea Boliviana de Aviación, BoA, asumió públicamente que había incumplido el protocolo sanitario, ya que aceptó el ingreso de personas con y sin PCR. Además, esta compañía debería haber abonado el dinero de los siete días de estancia extra de aquellas personas que se realizaron el test, así como la inclusión del consumo de bebidas y de alimentos.

Pero esto no acaba aquí, el día en el que los viajeros realizan su viaje hacia sus destinos, uno de los funcionarios públicos les dijo que estaban obligados a hacerse una prueba más en la Clínica Foianini. A sabiendas de que el precio de esta prueba asciende hasta los ciento cuarenta dólares y que podían ir a un centro público a hacerse la prueba de manera gratuita, los viajeros respondieron con una negación. Aún así, el funcionario, persistió en la realización de la prueba en dicho centro porque él salía beneficiado.

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