MARÍA ROMERO JIMÉNEZ | Fotografía: Marina Lajo  |

La transición entre el fallecimiento del dictador Francisco Franco en 1975 y la restauración de la democracia española llevó consigo hechos decisivos para el país. La democracia ha protegido la libertad de expresión y el derecho a la información se ha visto fortalecido.

El artículo 20 de la Constitución Española de 1978 recoge el derecho a ‘expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones’ y de ‘comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión sin censura previa’.

España es un país democrático, por lo que cada persona puede expresar sus opiniones libremente sin sentirse cohibida, siempre y cuando no injurie ni calumnie. La libertad de expresión debe tener un límite, y ese límite es la integridad moral de cada persona.

José Luis Rodríguez Zapatero creó un estatuto para ‘promulgar una ley orgánica sobre el derecho a la información, cuya finalidad sea servir al derecho de la ciudadanía a ser informada, garantizando la independencia de los informadores. Ese reglamento desarrolla los derechos de la libertad de expresión e información en un conjunto de facultades que permitan a los informadores reforzar su profesionalidad y la independencia frente a los poderes políticos y económicos, independencia que es presupuesto de la función social de informar’.

Acerca de los límites explícitos del artículo 20 de la Constitución, ésta comprende una serie de derechos. En primer lugar, el derecho al honor. Está definido como la reputación social de una persona. Son consultados cuando acusan a un individuo de algo falso. Incluso cuando se produce una manifestación de opiniones que te dañan personalmente. Entre los ejemplos más comunes están los insultos.

También comprende el derecho a la intimidad. Esto sucede cuando se obtienen datos íntimos de una persona sin la aprobación de la misma. La obtención de dichos datos ya es delito, además de la difusión. El derecho a la propia imagen consiste en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad.

El derecho a la protección de la juventud y de la infancia comprende burlar o buscar los límites de la protección del menor. Para ello, existen franjas de edad o de protección especial al menor. Además, es necesario una autorización para que los menores aparezcan en los medios. Asimismo, en un contexto de hechos delictivos no se pueden aportar datos que ayuden a identificar al menor.

En definitiva, labor de informar sin sobrepasar los límites marcados es muy difícil de regir. Y, aunque en alguna que otra ocasión los derechos de los ciudadanos se hayan podido ver afectados, es necesario que los informadores mantengan su libertad. No obstante, la labor de un buen periodista tratará de evitar cualquier tipo de dato que pueda quebrantar dichos derechos y protegerlos. Para ello, el oficio cuenta con una deontología propia encargada de guiar al profesional en todo momento.