Las dificultades para independizarse siendo joven

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MARTA GAMAZO RODRÍGUEZ | Fotografía: Pixabay

En la actualidad, la idea de emanciparse siendo una persona joven en Castilla y León parece más una fantasía que algo que pueda llegar a ser realidad. A pesar de que la inmensa mayoría de jóvenes de entre 16 y 29 años tienen intención de irse de casa de sus padres tras finalizar sus estudios, son varias las razones que les impiden hacerlo y emprender su camino vital.

Recientemente, el Consejo de la Juventud de Castilla y León junto con el Consejo Económico y Social y el Consejo de la Juventud de España han presentado en Valladolid el Observatorio de Emancipación del segundo semestre de 2020. Este informe muestra la evolución de los resultados sobre la juventud de Castilla y León en cuestiones como la emancipación juvenil o la renta disponible.

Los datos, expuestos por Enrique Cabero, Margarita Guerrero y Sandra Ámez, revelaron que en nuestra comunidad autónoma solo el 15,3% de la población joven está emancipada, algo que resulta realmente preocupante aún si tenemos en cuenta que la población está muy envejecida. Este dato significa que la gran mayoría de jóvenes no pueden permitirse comenzar su vida independiente a pesar de contar con lo que Ámez y Cabero denominan en la ponencia como ”sobreformación”.

A pesar de los efectos causados por la pandemia del COVID-19, los castellanoleoneses cuentan con un nivel formativo del 46,5%, superior al de la media nacional (41,8%). Sin embargo, la temporalidad de los contratos durante los meses de pandemia ha demostrado que la población juvenil se ha encontrado en una situación todavía más precaria. Los colectivos más golpeados por este factor durante los meses pandémicos han sido las mujeres jóvenes (56,8%) y el grupo de edad comprendido entre los 16 y 24 años (64,2%).

Ante estos datos, Enrique Cabero afirmaba durante la rueda de prensa que ”Castilla y León es una comunidad atractiva para formarse, pero después de eso los jóvenes no se ven estableciendo su futuro aquí y se marchan a producir riqueza a otras comunidades. Tenemos que trabajar para cambiar eso”.

La cuestión del desplazamiento del colectivo juvenil a otras comunidades, tal y como apuntaba Cabero, supone una enorme dificultad para tratar de frenar el envejecimiento de la población que sufre año tras año la comunidad. Según este último informe de emancipación, solo en 2020 el 24,5% de la población entre 30 y 34 años nacida en Castilla y León residía en otras comunidades, sobre todo en la Comunidad de Madrid (4,4%). En 2019, 2.720 personas se mudaron a otra comunidad autónoma.

Esta ‘’sangría de población’’ se produce inevitablemente debido a la dificultad de encontrar empleo, lo cual explica el dato aportado por Margarita Guerrero: en el segundo semestre de 2020, el 51,2% de la población castellanoleonesa comprendida entre los 16 y los 19 años era inactiva desde el punto de vista laboral, aunque la mayoría se encontraba estudiando.

Otro aspecto que fue especialmente protagonista durante el discurso de Guerrero fue la cuestión de la diferenciación por sexo. Los datos más recientes desvelan que el número de mujeres menores de 30 años que se emancipan es superior al de los varones de su misma edad con una diferencia de más de seis puntos (18,2% y 12,2% respectivamente). Además, el 33,6% de las féminas contaban con mayor nivel de estudios, frente al 21,7% de los hombres.

A pesar de ello, las mujeres han sido uno de los colectivos más castigados en el ámbito del desempleo, como se ha mencionado anteriormente y, por tanto, han sido mayores perceptoras de ayudas económicas. También ha sido a ellas a las que se les han concedido menos jornadas completas y más jornadas parciales, ya que más de 3 de cada 10 mujeres jóvenes poseían una jornada laboral que no alcanzaba la jornada completa.

Al igual que en el resto del mundo, la pandemia ha causado desde su inicio hasta la actualidad la destrucción de miles de empleos. De nuevo, las personas jóvenes fueron una de las principales víctimas de esta situación, dando lugar al fuerte aumento del 11,7% de la tasa de paro respecto al semestre anterior. Como consecuencia, el 22,9% de los menores de 30 años terminaron sin empleo a finales del año 2020.

El acceso a la vivienda, en teoría menos costoso que en otras zonas del territorio español, tampoco ofrece facilidades para un joven dado que no se ajusta a su capacidad adquisitiva. El 62,3% del salario tendría que reservarse para pagar el alquiler. En caso de disponer de una cuota hipotecaria, tendría que destinar el 38%. La compra de vivienda libre, por su parte, supondría un desembolso medio de 29.158,35 euros en Castilla y León, lo cual se escapa completamente de las posibilidades de una persona joven que acaba de finalizar sus estudios o que posee un empleo temporal o con un salario bajo.

Toda esta situación de precariedad laboral sumada a la crisis sanitaria está causando estragos en la salud mental de los jóvenes en todo el país. Y es que parece que por mucho que estén años formándose para tener estudios superiores y poder tener un empleo, el problema de paro juvenil que sufre España no les permite poder comenzar una vida independiente.

La incertidumbre ya no solo surge cuando piensan en el futuro, sino cuando piensan en el presente. Hemos hablado con algunos jóvenes para conocer sus testimonios y preocupaciones:

En palabras de Sandra Ámez: ”El colectivo juvenil está inmerso en una precariedad y fragilidad laboral, que repercute en las expectativas y proyecto vitales de la población joven, conteniendo nuestros procesos de emancipación residencial a la espera de alcanzar una estabilidad laboral y económica, porque como hemos visto, tener un empleo, no asegura entre el colectivo juvenil, el no estar en riesgo de pobreza o exclusión social. Es fundamental desarrollar e impulsar políticas de juventud con un enfoque transversal para paliar la precariedad del colectivo juvenil de nuestra comunidad”.